Se trata de la Resolución Exenta 243, que establece obligaciones para compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola en Chile y comenzará a regir a partir de enero de 2026.
Si bien aún queda tiempo para su puesta en marcha, significa un gran paso hacia una gestión más responsable de los residuos agroindustriales, garantizando, entre otros aspectos, que por ejemplo la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios se realice de manera alineada con las mejores prácticas internacionales y en pleno cumplimiento de las normativas vigentes.
Al ser consultado por Smartcherry, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) afirmó que “la resolución considera un año para la difusión e implementación de los mecanismos necesarios para su control. Sin perjuicio de ello, el SAG se encuentra en conversaciones con gremios del sector agrícola para optimizar la implementación de esta normativa y garantizar una transición efectiva”.
“En la normativa se busca generar mecanismos más efectivos para fiscalizar el buen uso de plaguicidas, controlar el comercio ilegal y minimizar efectos perjudiciales a las personas y el medio ambiente”, añadió la vocería del SAG.
¿Cómo funciona en cuanto a comercialización y tenencia?
A juicio de Juan José Donoso, Director Técnico de Drops Consultores y especialista en manejo de productos fitosanitarios, esta resolución “lo que hace es tomar y aclarar puntos que eran más ambiguos. A partir de ahora existirán más exigencias, por eso es muy transversal y también muy importante”.
Respecto de la comercialización de plaguicidas, Donoso especificó que, por ejemplo, “si me comercializan un producto que tiene un vencimiento menor a 6 meses, el distribuidor está obligado a informarlo y yo, como comprador, tengo que firmar un consentimiento de que se me está vendiendo un plaguicida con vencimiento menor a 6 meses. Por eso es tan relevante este cambio, ya que regula incluso los tiempos de duración de este tipo de productos”.
Por otra parte, se indica que el productor debe tener, de forma digital o física, el listado de todo lo que el plaguicida contiene. “Ahí se introduce un concepto que es el balance de masas, que significa que si hay 10 envases en la bodega, al productor le van a pedir este inventario con factura. Y este balance de masas hay que certificar que se hace, eso antes era resorte más del Seremi de Salud o del Ministerio de Salud”, recalcó el Director Técnico de Drops Consultores.
Otro punto relevante que aborda esta resolución exenta, es que no habrá distinción y que a partir de su puesta en marcha todos los productores deberán cumplirla. Por ejemplo, en el caso de los productores de cereza, independiente de las hectáreas plantadas, todos deberán cumplir con el reglamento por el hecho de producir un producto agrícola, y porque deberán manipular plaguicidas.
Aplicaciones terrestres y aéreas
Otro cambio importante que introduce esta normativa es que, actualmente, el SAG tiene un reconocimiento para aplicadores y manipuladores, a través de una credencial que se entrega luego de un curso de capacitación. “Antes ese curso era una sugerencia porque era obligación que quienes manejaran plaguicidas debían tener entrenamiento. Ahora se indica que esa persona debe tener ese curso de 32 horas y debe portar su credencial en el trabajo”, aclaró Juan José Donoso.
Junto con ello, el piloto debe certificar que cuenta con su credencial de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que tiene credencial de aplicador SAG, y, además, el producto debe mencionar en la etiqueta que es para aplicaciones aéreas, respetando con ello las dosis indicadas en la etiqueta.
“En definitiva, esto ayuda a regularizar y a darle más seriedad a la aplicación de plaguicidas y manejo en general en la agroindustria y le da más potestad al SAG, que con esto se empodera y unifica criterios y toma atribuciones, avanzando en la protección no sólo del huerto, sino también de las personas, porque producimos alimentos que deben ser inocuos desde el punto de vista biológico, químico y físico”, añadió especialista en manejo de productos fitosanitarios.
“El SAG desde hace años mantiene un programa de fiscalización de plaguicidas, esta normativa busca mejorar la eficacia de las fiscalizaciones, a través de registros obligatorios de aplicación, calibración de maquinarias, y aviso de las aplicaciones”, recalcó la vocería del Servicio Agrícola y Ganadero.
